Franco juzgaba a sus condenados, el Frente Popular asesinaba a los suyos en las checas sin juicio

 Entre los mitos y leyendas sobre la terrible represión por el Franquismo de sus opositores se han vertido ríos de tinta y no pocas falsificaciones, como siempre, alimentadas por la bien engrasada propaganda frente populista. Según las estadísticas oficiales, que se pueden consultar en el INE y el Ministerio de Justicia de la época, el momento de máxima población reclusa de la época fue el 1 de enero de 1.940, con 270.719 presos, aunque no se distinguía los comunes de los políticos. A partir de ahí, fue descendiendo de forma notable hasta llegar a los 36 mil, en 1.947. Desde 1.943 se distingue a los condenados por delitos comunes y no comunes. En 1.947, estos últimos eran de apenas 20 mil. Esa disminución tan notoria no se debió a muertes por malas condiciones de los centros o a fusilamientos, ya que fue generalizada la reducción de penas por trabajo o indultos. Franco era contrario a la amnistía general, por lo que en su opinión podía significar de desconocimiento de los delitos cometidos.

 La redención de penas por el trabajo la conoció Franco por los escritos del jesuita Julián Pereda, discípulo del catedrático de Derecho Penal, el socialista Luis Jiménez Asúa. El padre Pereda fue profesor de Derecho Penal en la Universidad de Deusto y rector de esta institución académica.

La redención de penas por el trabajo, según el padre Pereda, se asienta sobre los siguientes presupuestos: a) su carácter voluntario es lo que distingue este régimen de los trabajos forzados; b) la consideración del delincuente, no como un enfermo mental, sino como un enfermo moral al que hay que hacerle recuperar el sentido pleno de su responsabilidad; c) ofrecer a los presos la oportunidad de reinsertarse en una trabajo y d) si bien la pena impuesta por un delito es el modo por el que el reo paga su deuda a la sociedad, esto no puede impedir que con un trabajo voluntario pueda mejorar sus condiciones de vida y las de su familia.

En plena Guerra Civil, Franco puso en marcha la redención de penas por el trabajo. Un decreto de 28 mayo de 1938 concedió a los reclusos el derecho a trabajar. El 7 de octubre de 1938 se crearon el Patronato Central y los Locales, y el 27 de abril de 1939 Franco designa a Nuestra Señora de la Merced como su patrona, así como de las prisiones de España. Dicho Patronato se creó siendo director general de Prisiones el general Máximo Cuervo Radigales, que fue sustituido en ese cargo por otro miembro como él de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, José María Sánchez de Muniain. El jesuita Antonio Pérez del Pulgar fue el asesor religioso del Patronato, hasta su muerte el 28 de noviembre de 1939. El propio padre Pérez del Pulgar manifestó que la idea de la redención de penas por el trabajo no fue suya, sino que fue una iniciativa de Franco.

El 23 de noviembre de 1940 la redención de penas por el trabajo se amplió al trabajo intelectual. De este modo algunos presos también pudieron reducir su condena asistiendo a clases a alfabetización, de lectura, de formación religiosa o a conferencias. 

 Al principio, el sistema de redención de penas por el trabajo reducía como mínimo un tercio los años de la condena, pero hubo otras variables que aumentaron este porcentaje de redención. Alberto Bárcena ha estudiado meticulosamente en los archivos la aplicación de este sistema en su libro Los presos del Valle de los Caídos, en el que pone de manifiesto las condiciones en las que trabajaron esos reclusos, los salarios que cobraban y las condiciones en las que vivían en el Valle ellos y sus familias, desmintiendo con documentos la versión, tan falsa como manipuladora, de que el Valle de los Caídos fue levantado mediante trabajos forzados.

De la aceptación por los reclusos del régimen de redención de penas por el trabajo, dan fe los siguientes datos: en 1940 el 6,93% de la población reclusa se acogió a la redención de penas por el trabajo, y este porcentaje aumentó al 22,40% en 1943 y al 34,37% en 1947.

La segunda de las medidas de Franco que permitió acortar las penas de los presos fueron los numerosos indultos. El primero de ellos tiene fecha de 1 de octubre de 1939, que indultaba a los miembros de las fuerzas armadas republicanas, cuya sentencia fuera inferior a seis años.

El 24 de enero de 1940 se crearon una serie de comisiones jurídicas militares especiales, con capacidad de confirmar o reducir las sentencias dictadas hasta entonces, pero nunca para ampliarlas.

El 1 de abril de 1941, segundo aniversario del final de la guerra, se puso en libertad a 40.000 presos políticos. Y durante el invierno de 1941 a 1942 se indultaron a otros 50.000 presos. Lo que equivalía a que dos terceras partes de los presos de la guerra estaban ya en libertad a mediados de 1942.

En 1943 se extendieron los indultos a quienes tenían sentencias de veinte años. Y en 1945 se indultó a los condenados por rebelión militar que “no hubieran cometido delitos repulsivos para toda conciencia honrada”. Un decreto de 1 de abril de 1964 ordenó borrar de los registros los antecedentes correspondientes a los delitos indultados. En 1966 se aplicó el indulto a las responsabilidades políticas de cualquier clase. Y por fin el 31 de marzo de 1969 se declararon prescritos con anterioridad al término de la guerra civil. Por lo tanto, 1969 se puede considerar como el final de la represión de los delitos de la Guerra Civil.

Pues bien, a pesar de lo expuesto anteriormente, no pocas veces se ha dicho en los medios de comunicación que fue la amnistía de 1977 la que zanjó los delitos de la guerra Civil, a pesar de que desde 1969 ya habían sido declarados prescritos. Por lo tanto, dicha amnistía a quien en realidad indultaba era a los terroristas. La amnistía fue aprobada el 15 de octubre de 1977 con el apoyo de casi todos los grupos parlamentarios: Unión de Centro  Democrático, PSOE, Partido Socialista Popular, Partido Comunista de España, Minoría Vasco-Catalana y El Gupo mixto,  y con la abstención de Alianza Popular, y los diputados Francisco Letamendía de Euskadiko Ezkerra, e Hipólito Gómez delas Roces de la Candidatura Aragonesa Independiente de Centro.  

Desde la muerte de Franco hasta la aprobación de la amnistía de 1977 los terroristas habían asesinado a 24 personas. El mensaje que transmitió dicha amnistía a los terroristas desató su actividad criminal: en 1978 fueron asesinadas 64 personas, al año siguiente perecieron otras 84, en 1980 la cifra de las víctimas del terrorismo se elevó 93… Se iniciaba así un proceso que acabaría sentando en el Congreso de los Diputados a los defensores de las tesis de los terroristas, hasta convertirlos en socios del Gobierno actual de España.