El Ministerio de la Verdad

 El Gobierno social comunista que tenemos que sufrir los españoles ha dado un paso más en su creciente deriva totalitaria: la creación del Ministerio de la Verdad. En el BOE publican la directiva que dejará a criterio del gobierno decidir qué es verdad y qué no y qué son delitos de odio. Naturalmente, defender en  la televisión que los iraníes pagaban a Podemos, como hizo Pablo Iglesias al "cantante" que animaba a matar guardias civiles, o asaltar capillas católicas con las ubres al aire como hizo su señora Irene Montero, no es delito de odio. Pero sí lo es cuestionar la gestión de la pandemia por los social comunistas o las cifras oficiales de muertos por Covid 19, o en su día, aquellos que cuestionaron la autoría real de los atentados supuestamente islamistas del 11-M en Madrid.

De todas formas, no es una sorpresa, salvo para quien se quiera creer los embustes de un Presidente cuya naturaleza es la de mentir (ya lo dice el refrán "no hay más ciego que el que no lo quiera ver"). Ya lo dijo hace meses el general José Manuel Santiago, Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil: "estamos trabajando para evitar el estrés social que producen los bulos, y para minimizar el clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno". Su superior, el Ministro Marlaska se apresuró a explicar que había sido un lapsus. Pero ahora se ve que no lo era y que el Gobierno tenía ya una estrategia claramente planificada. De hecho, ya está operativa la operación de espionaje del CNI, en coordinación con el Centro Criptológico Nacional, a los ciudadanos, operación que tiene hasta nombre: "Elisa".

Si a la censura del Gobierno sumamos la de las grandes plataformas como Facebook, Twitter, Google (que se lo digan sino a Trump, silenciado en Internet, o sin ir más lejos, aquí mismo hay a quienes les han censurado por escribir en redes las palabras "caudillo", que bien podría referirse a Viriato, o "generalísimo", que podría referirse a Espartero). Y la autocensura de los grandes medios, generosamente regados con dinero público de nuestros impuestos, y que no se cuestionan nada que se salga de lo políticamente correcto (la misma deriva totalitaria de este Gobierno, lo que de verdad esconde la inmigración, el cambio climático y tantas cuestiones dominadas por la política bienpensante).

Este nuevo atropello a una de nuestras libertades más básica como es la libertad de expresión y de prensa, es sólo uno más de un Gobierno que es esencialmente liberticida: el intento de manipulación de la Justicia a través del control del Consejo General del Poder Judicial, denunciado incluso por la Comisión europea; la Ley Celaa aprobada sin consultar a los agentes implicados y que va contra la educación concertada y especial, y evita la enseñanza en español en determinadas regiones y un largo etcétera. Ni Orwell hubiera imaginado algo parecido.